Factura electrónica en Latinoamérica

sistema facturacion electronica

Para el IMEF, la mejora competitiva del Gobierno radica en trasladar sus trámites a la era digital de Industria 4.0 (concepto también conocido como cuarta revolución industrial, Industria inteligente o ciberindustria del futuro). Ejemplo de ello es la factura electrónica,  comprobante fiscal digital por internet (CFDI) implementado de acuerdo a estándares definidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Se origina en 2003 en Chile, con una resolución por la cual los contribuyentes tienen la posibilidad de utilizar este sistema de manera voluntaria. En 2014 el Servicio de Impuestos Internos, organismo tributario de aquel país, toma medidas para implantar progresivamente su uso obligatorio, el cual  terminará en este 2018.

A nivel global, el incremento de la facturación electrónica fue en 2017 de 13% para empresas y el sector público. En el caso del segmento B2C Business-to-Consumer,  (B2C por sus  en inglés), aumentó al 12%, de acuerdo al estudio E-Invoicing / E-Billing International Market Overview & Forecast.

El volumen de facturas electrónicas intercambiadas alcanzó el año pasado los 36 billones de facturas emitidas. En ese escenario, Latinoamérica volverá a ocupar un lugar protagonista. El avance del informe anteriormente citado, asegura que la región moverá unos 15 billones de facturas, de las cuales 9 billones corresponderán al ámbito B2B2C que agrupa el B2B (business to business) y el B2C; reflejando con ello que cada vez más empresas buscan proveedores de tecnología para estas actividades.

Como modelo único de facturación, la factura electrónica es el presente de muchos países latinoamericanos. En países como México o Brasil, el documento electrónico es utilizado en el 100% de las operaciones comerciales. En otros como Chile, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica o Uruguay, se trabaja para implantarlo a mediano plazo.

Los pioneros en su uso son Chile, México y Brasil, donde se ha masificado y avanza en procesos de cumplimiento fiscal, como la contabilidad electrónica para empresas con facturación de hasta 5 millones de pesos. El objetivo es facilitar estas tareas a los contribuyentes reduciendo costos.

Algunos factores comunes son la obligatoriedad, trámites administrativos previos, códigos de control fiscal, firma electrónica, formatos, almacenamiento entre otros.

Las leyes que han determinado la expansión de la factura electrónica en Latinoamérica persiguen sobre todo objetivos de control y eficiencia en la administración. Permiten conocer con exactitud el flujo monetario que mueven los contribuyentes a través de lo facturado en operaciones comerciales; mantienen una auditoría permanente al conocer a detalle la contribución de impuestos que la sociedad debe efectuar y posibilita formalizar la informalidad.

En el contexto actual de globalización, las empresas tienden a operar en mercados internacionales. En México la presión vino de las grandes cadenas comerciales que tenían todos sus procesos automatizados, excepto la facturación de proveedores.

Es posible que nos encontremos con servicios centralizados que repercutan en servicios de facturación y gestión de cuentas. Los sistemas de información centralizados en otro país (latinoamericano) distinto del origen de una empresa, deben ser capaces de emitir facturas conforme a los parámetros que marca la legislación de cada país emisor. En muchos de los casos, las facturas son electrónicas y están sometidas a controles fiscales. Existen diferentes procedimientos para manejar dicha situación, entre  ellas, contar con un prestador de servicios global, con capacidad de atender a compañías internacionales poseedoras de sistemas centralizados, a través de plataformas de facturación electrónica con  capacidad de integración, validación sintáctica,  legal y conservación.

Datos obtenidos por el IMEF señalan que la nueva versión 3.3 de CFDI cambia en cuatro aspectos: I) Estandariza la captura de información con 16 catálogos y 46 reglas de validación; II) Identifica plenamente a participantes, validando que los RFC existan, hubo 47 millones de facturas inválidas en 2016; III) Reduce  25% los datos a capturar y, IV) Sirve como recibo electrónico del pago.

Un dato en este sentido: de 2012 a 2017, permitió a la recaudación por tributación, incrementar los ingresos fiscales de 37.4% a 57.7 por ciento. Esta versión de CFDI es útil por su funcionalidad de comunicación y tratamiento de la información; posibilita la conexión con los sistemas internos de gestión para integrar la emisión y recepción de facturas, además, transforma estructuras de datos a modelos requeridos con los sistemas de firma digital apropiados y gestiona los procesos de declaración y control fiscal de cada país.

Por Andrea  Zagada
Integrante del Comité Técnico Nacional de Competitividad del IMEF
andrea.zagada@useargo.com

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